Isonomía en Perfil – 18/07/2021

Oxígeno y asfixia de la democracia

Solo uno de cada cuatro argentinos confía en el Poder Judicial. Siete de cada diez no creen en la independencia de la Justicia del gobierno de turno y ocho de cada diez tienen una imagen entre mala y regular de los jueces. Niveles similares de desconfianza existen en diversos países de América Latina, según encuestas de Isonomía y Latinobarómetro. Frente a este panorama asfixiante, no caben los reproches cruzados. Se requieren, por el contrario, iniciativas que procuren superar los laberintos sobre cimientos más sólidos.

Con este propósito, el Consejo Económico y Social (CES) convocó a referentes del pensamiento jurídico nacional e internacional para participar del foro “Rumbo a un fortalecimiento de los códigos de ética judiciales”.

El objetivo es avanzar en una propuesta de Código de Ética Judicial con una dimensión nacional, que contribuya a mejorar la percepción sobre el Estado de derecho. Tendría que ser un puente que una a todos los sectores institucionales de la Argentina, más allá de las diferencias que surjan sobre el resto de las propuestas de reforma judicial.

No partimos de cero. Distintas provincias cuentan con un Código de Ética propio para el Poder Judicial, como el caso –entre otras– de Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Córdoba posee además un Tribunal de Ética del Poder Judicial y un Observatorio de Ética y Transparencia Judicial. Otras provincias cuentan con leyes generales de ética pública o adhirieron a normas internacionales. Río Negro y Neuquén suscribieron los principios de Bangalore, y La Pampa, San Juan, Salta y Tierra del Fuego adoptaron el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Redactado por el argentino Rodolfo Vigo y el español Manuel Atienza, ambos participantes del foro del CES, el Código Iberoamericano goza del aval de los 23 países, entre europeos y latinoamericanos, que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana.  El rico intercambio del foro dio lugar a coincidencias sobre aspectos fundamentales de la iniciativa.

– En primer lugar, un código de ética debe expresar la búsqueda permanente de la excelencia, en una construcción colectiva de instituciones y ciudadanos. Los códigos no pueden ser meras guías con fronteras difusas. Son el encuadre de la profesión: por dentro todo, por fuera nada. Deben trascender su rol orientativo para expresar un verdadero compromiso donde existan consecuencias para quienes se aparten del marco. Las normas éticas deben trascender la esfera de la retórica e interpelarnos para no convertirse en cáscaras vacías. Aunque los tribunales y los observatorios de ética judicial no resuelvan sobre situaciones específicas, pueden tener un importante rol como órganos consultivos, incentivando la aplicación de valores éticos a la práctica.

– En segundo lugar, la autoridad judicial debe tener una doble idoneidad, técnica y ética. Los valores generales de la Justicia, como la imparcialidad, la independencia, la equidad, deben nutrirse de las creencias íntimas de las personas que la ejercen cada día, de virtudes de modestia, templanza, decoro, serenidad, prudencia, honestidad.

La acción de los magistrados no puede estar influenciada por el fuego de las pasiones políticas y los intereses banderizos. Debe atender a los dictados del honor y la integridad, sembrando concordia en un accionar guiado por principios sólidos. Manteniendo distancia prudencial de personas que sean objeto de investigación, actuando de buena fe, con objetividad, expresándose con la apropiada formalidad a través de los fallos. No forman parte del menú los off the record que infringen el secreto profesional, la incompatibilidad de funciones, los incumplimientos de plazos, los conflictos de intereses, las puertas giratorias, la sumisión a presiones externas.  Tampoco el amiguismo del que nos advirtiera José Hernández hace 150 años a través de uno de sus personajes más cínicos, el viejo Viscacha, quien recomendaba “hacete amigo del juez”.

– En tercer lugar, no podemos desatender la ética en la formación jurídica. Las universidades y los colegios profesionales son actores imprescindibles para sembrar una cultura judicial que facilite el cumplimiento de los deberes y otorgar una adecuada capacitación continua para que principios éticos compartidos impregnen cada decisión. La enseñanza de los futuros magistrados debe contemplar la formación del temperamento, la transmisión de valores desde la misma juventud, el conocimiento práctico de las virtudes públicas. Los códigos de ética son un escudo protector contra el relativismo. Contra el exceso de subjetividad en lecturas permanentes de medio vaso lleno y medio vacío, contra una arbitrariedad encubridora, contra sentencias dictadas en simultáneo con el sorteo del juzgado.

– En cuarto lugar, la ética debe tener un rol protagónico en la agenda judicial. En cada sentencia se expresa la esencia misma de la democracia. Una conciencia democrática que nos llama a hacer lo correcto. Es por esta razón que no puede haber dudas sobre la idoneidad ética de un juez, o también las habrá sobre sus fallos. Es posible forjar un círculo virtuoso entre instituciones éticas, Justicia íntegra y eficiente, legitimidad y confianza sobre la base de una reputación respetada. Las transformaciones que la Justicia necesita deben darse encontrando caminos para el diálogo, respetando el derecho de las minorías, prestando especial atención a los más vulnerables.

Un Código de Ética Judicial empoderado por la fuerza de un consenso nacional puede ser una brújula para evitar la judicialización de la política, para reducir la conflictividad social, para brindarles a los jueces la escala de prestigio social y legitimidad que su investidura merece. También para acordar la respuesta a nuevas problemáticas vinculadas al acceso a la información, a la digitalización de los procesos judiciales, a las nuevas tecnologías, al uso de redes sociales, a la adopción de lenguaje inclusivo y cuestiones de género.

Como expresara quien está liderando esta iniciativa en el CES, la jueza María del Carmen Battaini, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, y primera mujer elegida presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, necesitamos una Justicia cercana, federal e inclusiva que se encuentre regida por principios éticos de independencia e imparcialidad.

Cada sentencia debe tener un poder reparador, debe redimir y no vengar. Nutrir y no empobrecer. No ser empleada ni como barricada ni arma de autodestrucción masiva. La sobria utopía de un diálogo plural y democrático nace de este pilar básico: sin una ética que actúe como garante del Poder Judicial, no habrá forma de revertir la desconfianza que hoy pesa sobre la democracia. Y sin una Justicia ética no puede haber república. Como menciona la filósofa española Adela Cortina, “la ética es como el oxígeno, nos damos cuenta de que nos falta cuando dejamos de respirar”. Y, en ese momento, no hay respirador artificial que valga.

Por: Gustavo Béliz